LA BATALLA OCULTA POR BAHÍA TONINAS: EL POLÉMICO GALLITO ENTRE UN COMITÉ SIN CASA, OCUPANTES HISTÓRICOS Y UN DESALOJO INMINENTE CON MAQUINARIA EN CHAITÉN
CHAITÉN: Un millonario terreno fiscal de dos hectáreas mantiene en pie de guerra a la provincia de Palena. Mientras el Ministerio de seguridad pública fijó un plazo máximo de 60 días para desalojar el predio con auxilio de la fuerza pública, la defensa de la familia ocupante apela a planos del siglo XIX y a la Ley de Lobby para frenar las máquinas de un proyecto habitacional que la próxima semana vivirá horas clave en el territorio.
Lo que por meses se manejó entre pasillos ministeriales como un enredo administrativo menor, terminó transformándose en la papa caliente más peligrosa del sur de la Región de Los Lagos. En el centro de la disputa se encuentra el sector de Las Toninas, un paño de alta plusvalía y privilegiada vista al mar que originalmente perteneció a Bienes Nacionales y que en 2016 fue traspasado al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). Hoy, ese espacio es reclamado por dos fuerzas opuestas: 70 familias jóvenes agrupadas en el Comité de Vivienda Pellu Weche, que sueñan con el proyecto inmobiliario “Bahía Toninas”, y los descendientes de la familia Gutiérrez, quienes mantienen una ocupación histórica en el lugar bajo el argumento del arraigo y de “hacer patria” por casi un siglo y medio.
El conflicto escaló a niveles de tensión máxima tras conocerse que la administración anterior habría visado un decreto de desalojo mediante un “oficio reservado” que, presuntamente, jamás pasó por los filtros jurídicos locales de la delegación. Al respecto, el Delegado Presidencial de Palena, Marcelo Cifuentes, habría transparentado que no poseía las facultades legales para ordenar el actuar de Carabineros, apuntando que las atribuciones vigentes recaen exclusivamente en la Seremía de Seguridad.
“La administración anterior tenía una orden de desalojo… esto se habría visto con un oficio reservado. Por lo tanto, nadie conocía de ello en la parte administrativa y no pasó por las manos de ningún funcionario de la delegación. Por lo tanto, ¿Cómo yo iba a emitir una orden de desalojo? Hoy día el desalojo tiene que ser a través de la seremía de seguridad”. — Marcelo Cifuentes, Delegado Presidencial de Palena.
Sin embargo, la tregua burocrática llegó a su fin luego de que el Seremi de Seguridad de Los Lagos, Francisco Muñoz, confirmara a Radio Bío Bío, un cronograma oficial e irreversible para ejecutar el desalojo forzoso y la desocupación total del terreno en un plazo no mayor a uno o dos meses, utilizando maquinaria pesada del Serviu si fuese necesario para dar prioridad a la demanda habitacional subsidiada.
“Absolutamente sí. Aquí existe una potestad de gobierno interior, que es, como te digo, resguardar los bienes públicos, particularmente las propiedades. En ese sentido, tenemos un cronograma… En este caso también existe una prioridad, toda vez que hay requerimientos de terrenos para desarrollar proyectos inmobiliarios sociales… En no más de uno o dos meses debiéramos articular esa acción para poder ejecutar este desalojo”. — Francisco Muñoz, Seremi de Seguridad de Los Lagos.
La contraofensiva legal no se hizo esperar. El abogado representante de la familia Gutiérrez, Marcos Velásquez, activó gestiones mediante la Ley de Lobby para sentar a la mesa al seremi de Bienes Nacionales, Alejandro Yunge, y al propio delegado provincial. La estrategia de la defensa consistiría en exhibir los planos oficiales posteriores a la fundación de Chaitén para demostrar que los pobladores originarios iniciaron una regularización que nunca fue concluida por el Estado, tildando además la orden de expulsión como una medida apresurada dictada por el Gobierno saliente pocas semanas antes de abandonar sus funciones.
“Vamos a pedir reunión con las autoridades por Ley del Lobby, para entregarles la documentación formal y confiamos en que el seremi Yunge, el delegado Provincial Cifuentes Gallegos… una vez que tengan la documentación en sus manos van a cambiar de parecer. Estoy muy tranquilo y muy confiado que se va a reconocer al final, si es el Estado el que tiene que reconocer a una familia que lleva casi un siglo y medio haciendo patria ahí”. — Marcos Velásquez, Abogado de la familia Gutiérrez.
En la otra vereda, la directiva de Pellu Weche, liderada por Pamela Lemus, se encuentra quemando los últimos cartuchos, con etapas etapas técnicas tras sostener una cumbre clave con las máximas autoridades del Minvu y Serviu en la capital regional. Las dirigentes. Ahí tiraron en la mesa, no sólo el expediente social de las 70 familias, sino que además exhibieron la maqueta del futuro complejo habitacional. Ante la inminente llegada de los seremis al territorio la próxima semana para revisar las alternativas en terreno, el comité ya se encuentra coordinando asambleas ampliadas y revisando los ahorros de sus socios, conscientes de que los plazos gubernamentales juegan a su favor para destrabar el anhelado sueño de la vivienda propia.
Con los oficios policiales ya timbrados y el cronograma de sesenta días corriendo como reloj de arena, el destino de Bahía Toninas entra en su hora más crucial. La próxima semana Chaitén será el búnker de la definición cuando los seremis pisen el barro para ver las maquetas en terreno, dejando el desenlace de estas dos hectáreas amarrado a un solo hilo: o el abogado Velásquez logra doblarle la mano al Gobierno con los planos del siglo pasado a través de la Ley de Lobby, o las máquinas del Serviu entran con resguardo de Carabineros a demoler las cercas y viviendas que ahí se encuentran, antes de que termine el invierno.